La plataforma Basta Ya ve perjudicial el sistema de subastas de medicinas en Andalucía

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Actualmente el 25% de ese dinero que pagan a los médicos por cumplir los objetivos marcados corresponde al gasto en fármacos: gasto por habitante asignado, gasto por receta, número de recetas, tipos de fármacos recetados, porcentaje de recetas hechas por principio activo (sin especificar marca o laboratorio de genérico). Los fármacos genéricos son aquellos fabricados libremente, sin pagar licencia de patente, una vez transcurridos 10 años desde la comercialización del original.

En nuestro país, es el Ministerio de Sanidad quien determina si un medicamento es financiado o no por la sanidad pública y establece un precio de referencia por encima del cual no se incluye en la prestación. En la actualidad, prácticamente todas las marcas y genéricos de un fármaco valen igual (los financiados),  a pesar de lo cual la normativa establece que se prescriba por principio activo porque así la farmacia tiene la obligación de dispensar el genérico más barato si lo hubiera. O sea, que es una medida de puro ahorro, no está dirigida a garantizar el fármaco de más calidad, y actualmente debido a la igualdad de precios, tampoco tiene razón para mantenerse.

En Andalucía decidieron sacar a subasta los fármacos que tienen que dispensar las farmacias a cargo de la sanidad pública haciendo subastas. Los laboratorios que concursan ofertan a la Junta de Andalucía la devolución a las arcas públicas de una parte de sus ingresos por las ventas, y el fármaco del laboratorio que la gana es el único que puede dispensarse en las farmacias si el médico realiza la receta  por principio activo.

farmacos

El resultado ha sido que la subasta la suelen ganar laboratorios digamos desconocidos hasta ahora, y que en numerosas ocasiones no pueden garantizar el suministro de los fármacos, aunque es requisito imprescindible para concursar y mantener la concesión. La concesión es temporal, luego hay nuevas subastas y puede cambiar el laboratorio ganador. Otra medida de puro ahorro, en ningún caso se valoran las necesidades de los pacientes.

¿Y cuáles son estas necesidades? Indudablemente garantizar la calidad y la confianza en los fármacos y la continuidad del tratamiento. A los médicos les corresponde conocer los fármacos, sus indicaciones, dosis, y prescribirlos de forma adecuada a cada paciente concreto. Al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas les corresponden garantizar la calidad de los fármacos que se comercializan y su suministro.

Sin embargo se producen:

  • Cambios constantes de marca por desabastecimiento de esos laboratorios.
  • Quejas sobre las características de los comprimidos: se disuelven mal, se tragan peor, tamaños excesivos, uso de lactosa…
  • Quejas sobre el efecto terapéutico: no hacen el mismo efecto que otras marcas o genéricos (rapidez y/o intensidad de acción).
  • Quejas sobre efectos adversos, incluso alergias a determinada marca del principio activo y a otras no.

Las quejas sobre los efectos terapéuticos y adversos en muchas ocasiones no son imaginarias, los excipientes de los medicamentos influyen en la absorción del principio activo y en gran parte de las reacciones químicas que se producen en nuestro cuerpo. Muchos fármacos, aún con igual principio activo, no son intercambiables.

Hay un rechazo a estas prescripciones que se expresa constantemente en sus consultas y en las farmacias.

Y la peor consecuencia es la desconfianza en esos fármacos con abandonos de tratamientos necesarios, confusiones por los cambios, pacientes que deciden comprar por su cuenta íntegramente las medicinas para asegurarse la eficacia…

Y la desconfianza de los profesionales en la prescripción por principio activo va en aumento, y también la merma del complemento de productividad y las de todos los profesionales de la sanidad al no cumplir el objetivo marcado por el Servicio Andaluz de Salud (les piden un 97% de las prescripciones, y eso sin descontar las que obligatoriamente tienen que hacer por marca). Los ingresos de los médicos bajan, pero sobretodo los de los directivos y lo que la Junta de Andalucía reembolsa.

Pero si lo que les piden que entiendan que es perjudicial para sus pacientes, ante todo no harán daño.