La deuda pendiente con Málaga

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Corría el año de 2012 cuando Javier Arenas, candidato popular a la presidencia de la Junta, reiteraba allá por febrero su ya clásica promesa de traer sedes de consejerías a Málaga. Inicialmente sólo Turismo para luego prometer una macroconsejería (Economía, Empresa, Turismo y Comercio) y las sedes del Tribunal de Defensa de la Competencia, el Consejo Económico y Social, y la Cámara de Cuentas. Parecen muchas, pero no más de las que debería ya acumular esta provincia por méritos propios. Y eso sin mencionar la propuesta del actual presidente provincial y futuro cargo relevante en el gobierno autonómico, Elías Bendodo, de hacer de Málaga la sede de la primera Bolsa de valores del sur. Todo en vano, pues prometer es gratis cuando no se han tenido nunca aspiraciones reales ni mayorías suficientes.

Consejerías. Una promesa reiterada en el tiempo



No está de más recordar que la promesa de dotar de peso institucional a Málaga ha sido una constante en cada campaña electoral, asumida incluso por la izquierda de Podemos que recientemente en boca de Teresa Rodríguez prometió traer la consejería de Turismo a Málaga si ganaban las elecciones del 2D. Moreno Bonilla, siguiendo la estela de su partido, no ha querido ser menos y ha ofrecido a nuestra provincia las sedes de Tecnología e Innovación y Turismo. Del mismo modo, ha reiterado enmendar la afrenta del anterior gobierno en 2009 cuando deslocalizó un ente histórico como la CHS, luego Cuenca Mediterránea, para trasladarla, cómo no, a Sevilla. En 2012 los socios del bipartito (PSOE-IU) callaron ese hecho y aún hoy siguen silenciándolo.

Obstáculos burocráticos en el abastecimiento

La política del agua es capital, máxime en una provincia donde el clima mediterráneo puede alternar gotas frías con largos periodos de sequía. Y para ello, tener aquí una sede de ese ramo, la que siempre estuvo en el Palacio de la Tinta, debe ser uno de los primeros gestos del nuevo gobierno. De lo contrario, la paralizante burocracia de Sevilla en proyectos de saneamiento y gestión del agua seguirá siendo la tónica para municipios y entes supramunicipales que deben atender constantes incidencias en infraestructuras y servicios, y promover nuevas inversiones en la red.

Despacho en Málaga del presidente

No cabe duda que las sedes otorgan empaque, presupuestos y visibilidad, pero en esto último mucho más que las sesiones del consejo de gobierno puedan tener lugar en Málaga y sea aquí donde también acostumbre a despachar el futuro presidente con inversores o representantes de otras instituciones. Esperemos que, como ya hiciera Griñán con su despacho en Málaga, no sea un brindis al sol que acabe por esfumarse los primeros días. Sería dar la espalda a la provincia más generosa en la recaudación de tributos de Junta-Estado y cuya economía más riqueza genera sin ningún tipo de reconocimiento institucional.

Infraestructuras necesarias y prometidas por el PP

Pero no sólo de sedes se vive, en Málaga encontramos infraestructuras de todo tipo que quedan por culminar y en las que la Junta es competente o participa con cierto peso: desde el saneamiento integral para lograr el ansiado vertido 0 en nuestra costa hasta la construcción de hospitales, escuelas, mejora de la red de carreteras autonómicas, interconexión de cuencas, la ampliación del metro al PTA, o la construcción del Auditorio en materia cultural, entre otras muchas tareas que completan un largo listado que debe abordarse cuanto antes. Sin olvidar en materia patrimonial la inclusión de Sierra Bermeja en el futuro Parque Nacional, proposición avalada por la comunidad científica, y las propuestas del Caminito del Rey y de Ronda como patrimonios de la humanidad. 

Reconocimiento de la población flotante

Para terminar hay una cuestión no menos importante que las anteriores y de vital importancia. Reconocer de una vez por todas la población flotante de la Costa del Sol, estimada en más de medio millón de personas, es crucial para que las inversiones sean acordes al óptimo servicio que se debe prestar al ciudadano. Los ayuntamientos, mancomunidades y Diputación deben asumir el gasto generado por habitantes no reconocidos en el censo oficialmente, pero que hacen igual uso de los servicios públicos.

El “malagueño en la Junta” no debe olvidar que las promesas están para cumplirlas y que cada una de las decisiones que tome, que afecten a esta provincia, van a estar fiscalizadas por los ciudadanos para que se cumpla punto por punto con todo lo acordado. Después de 37 años de poder centralista omnímodo y de eternas promesas de los populares, ahora toca preguntarles como malagueños:

¿Qué hay de lo nuestro?





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