Detenidos dos voluntarios de una ONG por quedarse con tarjetas de alimentos

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La Policía Nacional detiene a dos voluntarios de una organización sin ánimo de lucro por la sustracción de tarjetas de alimentación

Los investigados -padre e hijo, de 46 y 18 años- se habrían apropiado indebidamente de los bonos destinados a familias vulnerables mientras realizaban funciones de reparto en el confinamiento; el perjuicio económico asciende a 2.370 euros

El  modus operandi consistía en hacerse con alguna de las tarjetas  concedidas a sus beneficiarios, que, según el número de miembros de la familia o el grado de riesgo de exclusión social, les podía corresponder varias

Los sospechosos requerían de los receptores que firmasen la documentación de entrega sin poder tocarlos ni leerlos con la excusa de evitar un contagio

Agentes de la Policía Nacional han detenido ayer en Málaga a dos voluntarios de una organización sin ánimo de lucro como presuntos responsables de la sustracción de 37 tarjetas para la compra de alimentos destinadas a familias vulnerables. Los investigados -padre e hijo, de 46 y 18 años- se habrían apropiado indebidamente de los bonos mientras realizaban funciones de reparto. El perjuicio económico asciende a 2.370 euros.

La investigación se inició al denunciar un responsable de una institución sin fines de lucro la sustracción de unas tarjetas para la compra de alimentos y productos de primera necesidad canjeables en supermercados concertados y otorgados por Servicios Sociales en Málaga, en periodo de crisis sanitaria, a personas en riesgo de exclusión social.



Con el transcurso de las indagaciones, una vez analizada la informaciones recabadas, se comprobó cómo efectivamente los investigados aprovechaban su condición de voluntarios de la institución y, además, la situación precaria de los receptores de las tarjetas -entre los perjudicados predominan familias de inmigrantes con dificultades lingüísticas- para hacerse con los bonos.

El modus operandi consistía en apropiarse de alguna -no de todas para así no levantar sospechas- de las tarjetas concedidas a sus beneficiarios, que, según el número de miembros de la familia o el grado de riesgo de exclusión social, les podía corresponder varias. El importe del bono oscila entre 50 y 80 euros.

Los agentes observaron cómo los investigados remitían a la institución de la que eran voluntarios los documentos justificando la entrega a sus beneficiarios de la totalidad de las tarjetas de alimentación -cuando en realidad entregaban una o dos tarjetas menos, según el caso-. Además, dado que los repartos se produjeron durante el periodo de confinamiento, los sospechosos requerían de los receptores que firmasen los documentos sin poder tocarlos ni leerlos con la excusa de evitar un contagio, consumándose así la apropiación indebida.



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